Pronunciamiento sobre las Inversiones Privadas
y el Desarrollo Urbano

(A partir de lo acontecido en la Residencial San Felipe)

La Sociedad de Urbanistas del Perú, habiéndose informado de los acontecimientos que rodearon la propuesta de desarrollo comercial en el sector oeste de la Unidad Residencial San Felipe (por las cuadras 6 y 7 de la Av. Gregorio Escobedo) y habiendo debatido las ventajas y desventajas de dicha propuesta desde perspectivas, económicas, comunitarias, legales y urbanas, ha llegado a la siguiente conclusión con respecto a este y otros tipos de proyectos de inversión que se propongan o efectúen en la Ciudad de Lima y en otras ciudades del país.

Primero, la SURP no tiene posición contraria a la inversión privada que ofrezca mayores y mejores servicios a la población urbana. La SURP cree que es necesaria la inversión privada como generadora de riqueza, empleos y mayor oferta de productos y servicios a los consumidores.

Segundo, la SURP respeta el derecho de los residentes de un barrio, distrito u otra unidad comunitaria, de vivir en tranquilidad y dentro de los parámetros que los miembros de esa comunidad establezcan.

Tercero, la SURP cree en la diferencia entre la responsabilidad social y la mitigación social desde el punto de vista de quien va a impactar un entorno social con algún proyecto de inversión. La responsabilidad social implica que la entidad desarrolladora debe aportar al crecimiento y buen funcionamiento de los sistemas sociales, económicos y ambientales en los que está incidiendo para que los cambios afecten de manera positiva en las vidas de las poblaciones impactadas. La mitigación social es un concepto más específico que intenta minimizar los impactos negativos de un desarrollo que irrumpe en la vida de una población identificada.

Cuarto, la SURP avizora que el crecimiento inminente y constante de la Ciudad de Lima en los siguientes quince años va a producir más casos similares de conflicto entre inversionista y población como aquel que sucedió en el Conjunto Residencial San Felipe en el año 2008.

Quinto, la SURP critica el hecho de que en el Perú no existe una Política Nacional de Urbanismo, que establezca las normas de inversión para el diálogo social entre el inversionista y la población, que permita involucrar responsablemente la inversión pública con la inversión privada e incorpore como exigencia para la factibilidad de los proyectos los estudios de responsabilidad social, superando el error de solo requerir la mitigación de impactos directos en la vida de la población afectada, en busca de beneficios de más largo aliento.

Sexto, la SURP enfatiza el rol importante que deben tomar los gobiernos locales en estos procesos de desarrollo buscando activamente la inversión en sus jurisdicciones en vez de esperar a reaccionar ante las propuestas de proyectos que se presenten. Los gobiernos locales deben tener planes de desarrollo validados por profesionales especialistas y concertados con las comunidades involucradas en donde se identifiquen los espacios disponibles para el desarrollo de proyectos que cubran las necesidades de la población y produzcan oportunidades para las generaciones venideras.

En resumen, la SURP reconoce que las inversiones son necesarias, y que no es cuestión de que cesen del todo en áreas residenciales de la ciudad, sino que los inversionistas deben presentar planes de responsabilidad social y no solo de mitigación social, debiendo entablar diálogos con la población en los que identifiquen las necesidades, en coordinación con las autoridades respectivas para contribuir a ofrecer soluciones conjuntas. El diálogo se debe iniciar previo al diseño de la propuesta para identificar los beneficios que aportará el proyecto de inversión privada y debe continuar durante el proceso de elaboración y ejecución del mismo. Estos conceptos son simples y deben ocupar un espacio en las normas nacionales para que los futuros proyectos a desarrollar en áreas urbanas se rijan por parámetros responsables en cuanto a la inserción social y ambiental de las inversiones.
 

Sociedad de Urbanistas del Perú
2 de Abril de 2008
 

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“Las ciudades en riesgo son una oportunidad”

Pronunciamiento de la Sociedad de Urbanistas del Perú
en el Día del Urbanismo

El Perú es un país ubicado en una zona de riesgo y sufre periódicamente de inundaciones, lluvias, sequías, bajas drásticas de temperatura, temblores, terremotos y otros fenómenos que combinados con la vulnerabilidad de las ciudades pueden acabar en desastres aún mayores que los del último terremoto.

Además, existen informes técnicos que sustentan que la frecuencia de ocurrencia de los fenómenos naturales negativos se esta acortando y que el impacto proyectado también se acrecienta. Sin embargo, las políticas urbanas en general no incorporan el enfoque de gestión de riesgos. Son muy pocas las municipalidades que consideran este enfoque, usualmente aquellas que en donde ocurren permanentemente alguno de estos fenómenos naturales negativos.

En adición, existen riesgos no naturales, o de origen humano, que causan desastres. Aquí incluso la responsabilidad municipal es mucho mayor. Completa inacción, así como la ausencia de compromiso y criterios son las causas principales. La Sociedad de Urbanistas del Perú cuestiona el hecho que los alcaldes y otros representantes municipales no son sancionados cuando estos desastres ocurren. La Sociedad de Urbanistas del Perú opina que los alcaldes deben renunciar cuando un desastre ocurra en su jurisdicción.

La situación en riesgo es ya conocida por pobladores y autoridades, pero aún la mayoría de ciudades peruanas siguen en situación de alto riesgo. La Sociedad de Urbanistas del Perú condena el débil compromiso de las autoridades municipales para evitar situaciones de riesgo en sus jurisdicciones. No se puede tener un cambio si se sigue haciendo lo mismo. Es crucial que el enfoque de la gestión de riesgos se incorpore en los planes urbanos y en las infraestructuras estratégicas de las ciudades.

Limitado principio de autoridad
Las ciudades tienen autoridades no solo para que les cobren impuestos a sus ciudadanos, pero también para que pongan orden. Los alcaldes tienen la falsa creencia que si clausuran locales o realizan acciones para demoler ilegales construcciones serán impopulares o se les acusará de oponerse a la inversión privada. Por último tienen temor que los empresarios puedan ejercer presiones económicas o políticas que los perjudiquen. Aún peor, es fácil pensar que los alcaldes o las autoridades municipales han sido seducidos por los cantos de la corrupción. La Sociedad de Urbanistas del Perú condena a las autoridades municipales que rehuyen de su responsabilidad para ejercer el principio de autoridad.

Baja capacidad de sanción
En muchos casos ha sido más fácil pedir perdón que pedir permiso. Los empresarios y los informales aprovechan la lenta capacidad de reacción municipal y la debilidad de las autoridades urbanas de demoler lo construido. Lamentablemente en el reino de la informalidad y de la ausencia de valores, los incentivos para hacer lo correcto son ineficientes. Allí es donde la legislación peruana falla. La capacidad de sanción en las ciudades es baja y eso permite que la informalidad pueda sobreponerse a cualquier esfuerzo municipal de reducir el riesgo.

¿Sirven las garantías profesionales?
No solo son las municipalidades están débiles. La Sociedad de Urbanistas del Perú se pregunta ¿qué ocurre con los profesionales que contribuyen a generar estas situaciones de riesgo?, ¿qué ocurre, por ejemplo, con aquellos arquitectos o ingenieros que se prestan para representar y avalar los proyectos ubicados en zonas de riesgo o en zonas frágiles?. La Sociedad de Urbanistas del Perú no quiere pensar que estos Colegios Profesionales son cómplices de ‘profesionales’ sin ética y les solicita separar de sus filas a quienes formen parte de la cadena de valor de la informalidad y la irreverencia a la seguridad, el ambiente y los derechos ciudadanos.

Pero más aún. Es cierto que en un desastre natural existen edificaciones destruidas y que fueron construidas sin sus respectivas licencias de construcción, es decir sin el aval de los profesionales respectivos. La Sociedad de Urbanistas del Perú condena esta condición de informalidad en la construcción, así como la debilidad municipal de permitir esta informalidad. Pero también hay muchas edificaciones que han colapsado en un desastre natural y que sí tuvieron el aval de un profesional de la construcción. La Sociedad de Urbanistas del Perú demanda que estos profesionales, así como las respectivas Comisiones Revisoras, asuman el gasto de reconstrucción de las edificaciones colapsadas que avalaron.

Es más costoso reconstruir que prevenir
Por cada dólar invertido en prevención, según el Banco Mundial, se ahorran cuatro en reconstrucción. Pero, más allá de los costos netos de una reconstrucción también existe el costo de oportunidad de una situación de desastre versus aquella prevista y con baja vulnerabilidad. Además, existe también, el lucro cesante de todas las actividades económicas, constituye en la mayoría de los casos una pérdida irrecuperable que generalmente no forma parte de los costos de la reconstrucción. Considerando estos dos últimos aspectos la Sociedad de Urbanistas del Perú estima que por cada nuevo sol invertido en prevención se ahorran 7 nuevos soles en reconstrucción.

La Sociedad de Urbanistas del Perú insta a todos los gobiernos municipales a invertir en prevención y dejar la inercia burocrática que perjudica al desarrollo sostenible de las ciudades.

Existen oportunidades para las situaciones en riesgo
Existen bonos basados en parámetros para rembolsar los gastos que se generen por desastres naturales. Existen seguros de infraestructuras y de país. Existe cooperación no reembolsable. Existen mecanismos de mercado para generar procesos de financiamiento de la prevención urbana. Existen mecanismos de urbanismo, para mejorar la calidad del proceso de urbanización y reducir el riesgo. Existen metodologías de evaluación validadas. Existen oportunidades con beneficios económicos comunitarios y municipales en áreas urbanas en riesgo. Existen externalidades que se reducen con prevención. Existen ventajas comparativas para invertir en zonas en riesgo.

La Sociedad de Urbanistas del Perú considera que las municipalidades, el Estado y los Peruanos pueden ahorrarse muchos recursos, de pensar primero en prevención y no sufrir luego las tensiones y el clamor social que genera la reconstrucción. La Sociedad de Urbanistas del Perú, pone su capacidad técnica a disposición de las autoridades municipales con verdadera intención de incorporar el enfoque de gestión de riesgos en sus ciudades, para iniciar planes y proyectos urbanos de prevención pues las ciudades en riesgo son oportunidad de economías urbanas creativas.

Sociedad de Urbanistas del Perú
8 de Noviembre de 2007
 

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“Generemos Ciudades Sostenibles que promuevan el Desarrollo Nacional”

Pronunciamiento de la Sociedad de Urbanistas del Perú por el 57º aniversario del
Día Mundial del Urbanismo, 8 de noviembre de 2006

Durante décadas el desarrollo económico del Perú se ha sustentado en la consolidación productiva de la Capital de la Republica, explotando al máximo los potenciales geopolíticos expresados en la aglomeración de equipamientos y servicios derivada del centralismo capitalino. Esta situación ha ocasionado paulatinamente el debilitamiento y aletargamiento del resto de ciudades en el ámbito nacional, con la consecuente inhibición del desarrollo económico, social y cultural de casi el 70% de la población peruana.

La perspectiva es más aguda si verificamos que la gobernabilidad urbana ligada a los conflictos sociales en algunas ciudades del Perú es un hecho que no está siendo encarado por las autoridades correspondientes, acumulando fricciones que de no mediar acciones correctivas encontraran expresiones sociales cada vez menos democráticas, que generarán la inestabilidad de las mismas autoridades.

La explosiva dinámica de inversiones inmobiliarias está generando un fuerte impacto en los patrones de uso de suelo y en la demanda infraestructura y equipamiento urbanos, que nadie esta asumiendo. Esta situación no permite visualizar un horizonte de sostenibilidad, pues se presentan como neoplasias malignas que van agotando las capacidades existentes y que condenarán a la ciudad hacia su decadencia, en desmedro de la calidad de vida de sus habitantes.

La ineficiencia en la inversión de los gobiernos locales, cuya peor expresión se muestra en inversiones de infraestructura no acordes con la principal problemática de los pueblos del país; genera absurdos y superfluos gastos en cosmetología urbana apañados como proyectos de incentivos al turismo urbano. Esto solo demuestra la incapacidad de algunas autoridades locales y regionales, para interpretar coherentemente el desarrollo sostenible y priorizar las necesidades de sus comunidades.

Es importante acotar que el urbanismo es la disciplina que procura sistemas urbanos sustentables donde se armonicen los intereses sociales y se desarrolle la conservación ambiental, al mismo tiempo que la ciudad y sus habitantes mejoran económicamente. El exteriorismo y el paisajismo son especialidades fuertemente ligadas al arte y la estética, pero no deben ser interpretadas como urbanismo, pues esta profesión trascendió hace casi un siglo del actuar físico – ornamental hacia lo social, económico y ambiental, siendo sus herramientas la gestión y la planificación estratégica.

La consolidación de una red de ciudades sostenibles, donde los estándares de calidad de vida se hayan optimizado, es una de las visiones de la Sociedad de Urbanistas del Perú. Ciudades como Arequipa, Chiclayo, Sullana, Cusco, Iquitos y algunas otras, pueden fácilmente convertirse en los motores y facilitadores de este cambio, en base a los paradigmas del urbanismo y el desarrollo sostenible, constituyéndose en ciudades-modelo, que generen un efecto sinérgico, aprovechando las oportunidades que los nuevos megaproyectos nacionales -como las carreteras transoceánicas, Camisea y los Megapuertos- generarán.

El desarrollo sostenible del Perú es un compromiso que debemos asumir no solo los 8 millones de habitantes de Lima, es también un deber y un derecho inalienable de más de 28 millones de peruanos, que ven en las nuevas políticas de descentralización provenientes del Gobierno Central un horizonte viable de oportunidades. Esta visión de desarrollo sostenible, demanda de gran responsabilidad y profundo civismo, especialmente este 19 de noviembre cuando podremos nuevamente elegir nuestras nuevas autoridades municipales y regionales.

La Sociedad de Urbanistas del Perú, reitera su firme compromiso en la promoción de alternativas para el desarrollo sostenible y hace un llamado a los actores sociales, a los gremios profesionales, a los agentes económicos y a los partidos políticos para unirnos en el esfuerzo de generar ciudades sostenibles que promuevan el desarrollo nacional.

Sociedad de Urbanistas del Perú
8 de noviembre de 2006

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Pronunciamiento sobre el Plan Nacional de Desarrollo Urbano
(Viernes 7 de julio de 2006)

El 28 de junio de 2006 el Ministerio de Vivienda y Construcción emitió la resolución N° 173-2006-VIVIENDA, la misma que dispone la prepublicación en su página web, del proyecto de “Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Perú: Territorio para Todos – Lineamientos de Política 2006 – 2015”, estableciendo tan solo 15 días para que las entidades publicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y personas naturales interesadas, tomen conocimiento de dicho documento y remitan sus opiniones y propuestas al respecto. Tiempo ínfimo, si tomamos en consideración que el mencionado documento, se ha venido elaborando a puertas cerradas por una pequeña elite del Ministerio de Vivienda desde el año 2004.

Esto, ha suscitado numerosas opiniones discrepantes no solo sobre el contenido del mismo, sino también sobre la forma como se pretende aprobar un Plan Nacional, que se supone promoverá el desarrollo de millones de personas, sin haberse producido previamente un proceso de concertación que lo legitime. Hay que tomar en consideración también, que esto ocurre especialmente cuando el gobierno actual esta a pocos días de culminar su mandato, que en el Perú los usuarios de internet representan menos del 10% de la población nacional y que muchas municipalidades provinciales no cuentan siquiera con computadoras.

• Consideramos, que el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Urbano presenta numerosas debilidades metodológicas. Estamos de acuerdo que las áreas urbanas y las regiones que interactúan con ellas deben ser planificadas y que el contar con un Plan Nacional de Desarrollo Urbano es muy importante, pero de igual forma, consideramos fundamental, que desde su diseño debe involucrarse a los actores que formarán parte de dicho Plan, articulando las demandas urbanas, con las rurales, locales y regionales, y todas estas con las prioridades del Estado. Por lo que a vista del débil o inexistente proceso de consulta y concertación con el que se ha actuado, consideramos que dicho documento es de por sí un instrumento carente de valor, el cual está condenado a ser ignorado por los actores ausentes. Más aún cuando nos encontramos ad-portas de la elección de nuevas autoridades locales y regionales.

• Indicamos, que en el documento de propuesta del Plan también se incurre en debilidades conceptuales, sobre las cuales se basa el posterior desarrollo de los objetivos y metas. Se asume por ejemplo, que el país está entrando en una nueva etapa de capitalismo lo cual genera la expansión y crecimiento de nuevas ciudades, desconociendo, o sin mencionar, que en el Perú existen comunidades urbanas que regulan su desarrollo en base a decisiones participativas, y que incluso existen normas que la promueven. Mientras por otro lado, lamentablemente, la normatividad de expansión urbana, horizontal y vertical, no considera el incremento de las demandas de equipamiento, infraestructura y servicios, que se dan lugar cuando se incrementa la población sobre el territorio.

• Señalamos, que otra debilidad de la propuesta, es la indefinición del concepto de CIUDAD con el que desarrolla todo el documento, recordemos que en el Perú no existen instancias gubernamentales que administren el desarrollo de las ciudades, sino autoridades que trabajan sobre sus jurisdicciones político administrativas (distritos, provincias, regiones). Pretender interpretar a cada distrito, a cada provincia, o a cada región como una CIUDAD, ya ha generado grandes problemas para la eficiente gestión de las ciudades, el ejemplo más crítico lo constituye Lima-Callao, ciudad que cuenta con tres instancias gubernamentales involucradas en su desarrollo (Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Provincial del Callao y el Gobierno Regional del Callao). Esta problemática, no es enfocada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

• Evidenciamos, que en la elaboración de este proyecto, ha existido ausencia de multidisciplinariedad, lo que derivó en su debilidad de enfoque. Incurriendo en el uso de conceptos de planificación ya superados, como considerar el 'desarrollo urbano' como una cuestión solo de nuevas áreas de expansión y de nuevos proyectos de infraestructura desconociendo que el término “desarrollo”, implica también mejoras económicas, financieras, sociales, culturales, ecológicas y políticas, visión que es garantizada contando en la elaboración del Plan con un equipo técnico multidisciplinario, cosa de que el documento en consulta adolece.

• Manifestamos, nuestra preocupación de que se afirme en este documento, que el territorio peruano esta "espacialmente organizado y configurado por una red de asentamientos de jerarquía y categorías diferentes", cuando esto es solo un síntoma de la organización política del territorio, el cual en la práctica se organiza sobre la base del acceso y demanda a los recursos naturales, servicios ambientales, articulación de economías locales y regionales, clusters e intereses económicos familiares, comunales y corporativos, entre otros. Igualmente preocupante es que se considera, que la calidad de vida y la reducción de la pobreza es el resultado de la sumatoria de “siete” variables económicas, lo que implica un total desconocimiento de la dinámica de generación de calidad de vida y de los mecanismos y experiencias de reducción de la pobreza, por parte de los autores de dicho documento.

• Encontramos, que existen también debilidades en la interpretación de las tendencias migratorias y aplicación del funcionamiento de las cadenas de valor rural-urbanos y urbano-urbano, que se dan lugar en el país, pudiendo las áreas urbanas cumplir un rol de complementariedad de servicios que reduzcan los costos de transacción que limitan la articulación de mercados, lo cual no es mencionado, y que permitirían un mayor y mejor producción, y organización de la oferta, en las regiones. Lo cual debe estar vinculado a mecanismos para promover y facilitar iniciativas de identificación de las oportunidades de desarrollo e inversión local y regional, que permitan generar ingresos, riqueza y empleo en las distintas regiones del país. Es igualmente importante mencionar también que las áreas urbanas viven de servicios ambientales producidos por una ecoregión y que existe una fuerte relación de dependencia regional en las áreas urbanas, y consecuentemente, estas deben contribuir a la conservación y mejoramiento de estas condiciones, cosa que tampoco es mencionada en el Plan propuesto.

• Consideramos, que es mucho más democrático posponer la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano para un momento cercano, dentro de siete meses, en el cual existan mayor legitimidad y posibilidades de concertación, entre los distintos actores involucrados en el desarrollo local y regional y los gestores de recursos, tanto públicos como privados.

• Sugerimos, que el Ministerio de Vivienda debe proponer, y si se esfuerza probablemente aprobar en estos días, es el mecanismo de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, así como comprometer los recursos para que el proceso de elaboración del mismo pueda llevarse a cabo. Un proceso que deberá considerar, por ejemplo, talleres con representantes de los Gobiernos Locales y Regionales, integrando al mismo tiempo los intereses y prioridades del Estado. Un proceso que incluya a las nuevas autoridades locales y regionales que serán elegidas el próximo noviembre y que iniciarán su gestión en enero del próximo año. Un proceso que integre las demandas de los productores, en el que las áreas urbanas desarrollen los servicios para integrar y complementar, la oferta urbana y rural, con la demanda nacional e internacional. Además, definiendo al mismo tiempo los mecanismos de resolución de problemas urbanos dentro y fuera de los sistemas urbanos. Dentro de ellos tales como la renovación urbana, las debilidades de infraestructura, equipamiento y servicios, y fuera de ellos, tales como por ejemplo, la conservación de fuentes de agua que abastecen a las ciudades pero que se encuentran en la cabecera de las cuencas, además de otros factores que mantienen la capacidad de carga urbana y que no se mencionan en el plan. Incluyendo, el reducir las contradicciones entre la normatividad del mismo Ministerio de Vivienda, por ejemplo entre las que norma el Programa Mi Vivienda y el Plan puesto a consideración.

• Invocamos, al Ministerio de Vivienda y construcción a no considerar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano como un plan solo de roles urbanos o de ordenación del territorio meramente. Pues el desarrollo urbano es multisectorial y consecuentemente multidisciplinario, por tanto debe integrar enfoques no solamente físicos, sino también económicos, sociales, culturales, ecológicos y políticos. El urbanismo, no solo esta vinculado a la ordenación física, el urbanismo es una disciplina integral, e ignorar este concepto es limitar a las áreas urbanas y regionales a sus legítimas posibilidades y oportunidades de desarrollo.

Por lo expuesto, expresamos nuestra disconformidad y solicitamos la rectificación en lo actuado, reafirmando nuestra convicción de la importancia de generar alternativas para el desarrollo urbano sostenible en beneficio de toda la población peruana y el desarrollo nacional.

Sociedad de Urbanistas del Perú
Jesús María, 7 de julio de 2006

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Pronunciamiento de la Sociedad de Urbanistas del Perú
Por el 5 de junio
Día Internacional del Medio Ambiente

El ambiente y la ciudad

Todos estamos de acuerdo en que uno de los aspectos claves para mejorar las ciudades y otros centros poblados es su calidad ambiental. Pero, también es cierto que nuestras ciudades adolecen de atención ambiental, que las políticas ambientales en el país son débiles y aún más débiles en sus ciudades, que el irrespeto por mantener un ambiente saludable es un reto difícil de combatir y que la corrupción para dejar pasar 'crímenes' ambientales existe.

La visión que se tiene del ambiente en la ciudad es usualmente dirigida a la contaminación del transporte o la basura tirada en las calles, pero lo cierto es que la problemática y sus oportunidades de resolverla van más allá.

En principio la ciudad es parte de varios ecosistemas de varias unidades biofísicas que se coinciden en un espacio donde se asientan las ciudades. Así tenemos que las ciudades forman parte de ciertas cuencas o microcuencas de las cuales obtiene recursos naturales, pero debe considerarse también que existen ecoregiones, en un ámbito probablemente mayor que el de las cuencas, en donde interactúan estas condiciones ecológicas, los procesos biofísicos que las mantienen y actividades productivas y de servicios que dependen de estas condiciones biofísicas. Este enfoque es muy importante, y la miopía de ver este enfoque esta ocasionando ahora crisis como la del agua, en la que ya varias ciudades del país se ven obligadas a racionar el agua, pero también se originan conflictos entre actividades productivas rurales y urbanas en su competencia por el agua. Mirar a la ciudad ambientalmente no es solo verla dentro de la dinámica de aquellos procesos que se dan lugar al interior de la ciudad, sino también, el sistema que lo contiene, y que ve saturada su capacidad de carga cada vez que irresponsables autoridades municipales y regionales, con la venia de un gobierno central despreocupado, autorizan expansiones urbanas, horizontales y verticales, que darán lugar a nuevas crisis ambientales.

Al interior de la ciudad el menú ya es conocido. Contaminación en el aire, en el agua, en el suelo, en el subsuelo y en los materiales de construcción que llegan a ser cancerígenos, destrucción o saturación de áreas verdes, increíble desperdicio de energía, radiación eléctrica, telefónica, desperdicios por millares de toneladas, muchos de ellos químicos, etc.

A ello, sumado, la condición de pobreza en la cual todas las ciudades del Perú se encuentran globalizadas, aunque algunos distritos digan que no es así y para ello se cambien de nombre llamándose 'ciudades', como si no formaran parte del continuo urbano del cual obtienen infraestructura, equipamiento y servicios, y como si cambiándose de nombre fueran a cambiar su status de área urbana de una metrópoli pobre en un país subdesarrollado.

Y efectivamente, las debilidades ambientales no solo generan segregación, en la cual algunas áreas urbanas quieren distinguirse de otras llamándose 'Ciudad de', sino también que los problemas ambientales causan una reducción de la productividad, incremento del gasto en servicios médicos y medicinas, mayores gastos en alimentos, y otros gastos provenientes de diversas externalidades ambientales.

Eso sin mencionar, el continuo deterioro del espacio público, que como es de todos, entonces no tengo por que cuidarlo o defenderlo, y entonces al final no es de nadie, y luego las municipalidades convierten las playas y parques en zona comercial que no permiten el acceso del resto de ciudadanos, pues el espacio público se convierte en privado, o en muy privado. O también se da el caso que cualquier empresa inmobiliaria satura la ciudad de edificios, y los equipamientos e infraestructuras se saturan y generan una crisis.

Esto se explica mejor con el siguiente ejemplo:

Si tenemos una calle residencial (de 100 mts de largo) con zonificación R2 o R3, es decir que permita entre 2 o 3 pisos por vivienda, en la cual tenemos 8 viviendas unifamiliares a cada lado de la calle, y considerando que hay alrededor de 5 habitantes por familia, entonces tendríamos que hay alrededor de 80 habitantes, en la que producen alrededor de 80 kilos de basura al día y en la que tendríamos, considerando un auto por familia, pues 80 autos, y que consumirían como 17,600 lts de agua al día (considerando el consumo standard de la OMS de 220 lts/hab/dia) y que producirían 15,840 lts de desagües (o sea el 90% de lo que consumen en agua).

Pero nos hemos puesto a pensar, que pasa si (como ya esta ocurriendo) se autoriza la construcción de viviendas de alta densidad (llámese Mi Vivienda o lo que se le parezca) por ejemplo cambiando la zonificación, en la que en cada lote se construya un multifamiliar de diez pisos con cuatro departamentos por piso, y en la que viva una familia promedio por departamento.

Entonces, en esa calle de 100 metros de largo se producirían 3,200 kilos de basura en solo un día, se deberían consumir 704,000 mil litros de agua al día, se producirían 633,600 litros de desagües al día, y si cada familia tuviese una auto, se requerirían 640 estacionamientos, y por supuesto se requeriría un área verde de 25,600m2, para cumplir con el mínimo permisible de 8m2/hab de la Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí subyacen varias preguntas: ¿Cómo se van a satisfacer estos servicios?, ¿Como se van a generar nuevas áreas para equipamientos recreativos, educativos, de seguridad, de salud, y comerciales en zonas donde la ciudad ya esta consolidada?, y especialmente ¿quién va a pagar por ese incremento de demanda de infraestructura y servicios?, ¿lo va a pagar el habitante de la ciudad con nuevos impuestos?, ¿o lo va a pagar la municipalidad con sus deteriorados bolsillos?, y el empresario inmobiliario ¿paga algo de este costo ambiental que se genera mientras gana vendiendo departamentos de ratones en masa?

Y cuando vemos los espacios públicos, siempre vemos la calle con el ancho mínimo permisible, con la iluminación mínima permisible y con el área verde mínima permisible, y al final todo es mínimo, y vivir en la ciudad es sinónimo de vivir al mínimo. Pero, ¿Por que no preparamos a las ciudades para vivir al máximo?, viviendo plenamente. Por que no tenemos soluciones creativas, pero para vivir al máximo.

Y eso que solo estamos hablando de resolver la situación actual. Entonces, ¿Que les vamos a dejar a las generaciones futuras?

Un nuevo enfoque.

Los gobiernos urbanos, deben trabajar en conjunto con aquellos gobiernos locales y regionales que mantienen los recursos y servicios ambientales de los cuales viven. Así, muchas ciudades de la costa deben ayudar a mantener aquellas zonas rurales donde nacen los recursos que se comparten a lo largo de una cuenca o un valle.

Debe reorganizarse cada sistema de gestión ambiental urbana, por lo menos bajo el análisis costo-beneficio y costo-eficiencia, y en algunos casos corresponderán sistemas de administración mixtos, en otros públicos y en otros privados. Y ello conlleva a una serie de nuevos procesos, incluyendo la formación de nuevos urbanistas.

La administración de la ciudad debe hacerse también en función de los recursos naturales que comparte. Se da el caso de muchas municipalidades que comparten un río, un bosque o un desierto, pero es de todos y es de nadie, y aun en situaciones de crisis ambiental no hay coordinación intermunicipal.

Una verdadera tragedia de los comunes.

Las familias y las empresas deben pagar por el volumen de residuos que producen, siguiendo así el principio de quién contamina paga. En la actualidad los servicios de recojo de basura se cobran por lote, y puede darse el caso que en un lote vivan 12 personas y al costado vivan 3 personas, pero los dos pagan lo mismo. ¿Es eso justo?

También, las empresas deben pagar por los productos que se colocan en el mercado y que no se reciclan. De esta manera, podemos ver, por ejemplo, que hay empresas de venta de gaseosas que colocan miles de millones de botellas de plástico que no se pueden reciclar y de los que las municipalidades tienen la obligación de disponer. Entonces, ¿quién paga por la disposición de un producto contaminante colocado por una empresa privada? Nuevamente, la municipalidad y consecuentemente sus habitantes subsidian la disposición de los contaminantes provenientes de empresas privadas.

Las ciudades, deben concentrar sus presupuestos en asuntos principalmente de interés público y no necesariamente subsidiar intereses privados. De esta manera, se debería evaluar si son las ciudades quienes deben subsidiar las infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos, para que los empresarios inmobiliarios y los bancos hagan dinero.

Deben incorporarse las ganancias y pérdidas ambientales, en el sistema contable de cada municipalidad, de esta manera se sabrá cuanto se incrementó la capacidad local de generar nuevas y mejores oportunidades. Se dan casos, en que hay municipalidades en el país que pierden un bosque completo o un río es totalmente contaminado, pero en la contabilidad municipal aparece que no se ha perdido nada. Sin embargo, es indudable que este tipo de pérdidas ambientales generan una enorme pérdida en futura capacidad de inversión y beneficios económicos para las futuras generaciones. Sin embargo, nuestra legislación es todavía ciega y sorda.

Debe involucrarse más la participación de la población, tanto en sistemas de monitoreo como en la toma de decisiones. Esto es fundamental para mejorar la gobernanza democrática a nivel local y reducir la corrupción, además de verificarse la eficiencia de conservar el medio ambiente local.

Por supuesto, muchas otras medidas deben ser consideradas, pero es especialmente importante que el abanico de actores sociales encuentre al menos una puerta que conduzca a procesos de dialogo y concertación sobre los recursos y servicios ambientales dentro de la ciudad y aquellos dentro de los cuales la ciudad forma parte.

Nuestro compromiso.

El compromiso de los urbanistas es la calidad de vida en los sistemas de ciudades, y eso incluye a los centros poblados en zona rurales. La Sociedad de Urbanistas del Perú seguirá pronunciándose para fomentar espacios económicos, sociales, políticos y territoriales, que aseguren calidad de vida para los habitantes de las ciudades.

La Sociedad de Urbanistas del Perú, promueve y desea compartir un cambio de visión en la gestión de la ciudad, especialmente en el campo de su gestión ambiental.

La Sociedad de Urbanistas del Perú, invita a las municipalidades y gobiernos regionales del Perú a aceptar el reto de cambiar para mejorar la calidad de vida, y para ello se ofrece a contribuir con aquellos que opten por este cambio.

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Pronunciamiento de la Sociedad de Urbanistas del Perú acerca de la
Construcción de Edificaciones en la Costa Verde.

En la ciudad de Lima se ha venido desarrollando una agria polémica entre instituciones, vecinos y especialistas acerca del uso del suelo cercano a la ribera del mar en la Costa Verde, la disputa se suscita ante la construcción de edificaciones en el suelo de la Costa Verde que aparentan atentar contra el paisaje urbano y contravenir normas acerca del uso del suelo en este lugar.

La Sociedad de Urbanistas del Perú considera que existe un problema mayor que ha originado esta situación, para ello es necesario revisar las características de la gestión acerca del territorio de la Costa Verde como escenario urbano y bien público por las instituciones pertinentes para ello. El primer problema lo notamos en la ausencia de instrumentos de gestión lo suficientemente claros y adecuadamente desarrollados para que sean tomados en cuenta por las autoridades locales. Ante esto la Municipalidad Distrital de Barranco pretende usar el territorio de la Costa Verde bajo su propio criterio, sin considerar la naturaleza del uso metropolitano de recreación que significa el litoral de la ciudad de Lima, por lo cual atañe a diversas administraciones municipales la gestión de esta porción del litoral limeño; justamente por su naturaleza interdistrital y metropolitana se creó la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, sin embargo esta no ha logrado desarrollar una gestión adecuada de los recursos de la Costa Verde y no tiene una posición normativa, excluyente y clara acerca del uso del suelo del litoral metropolitano comprendido en la Costa Verde, tan es así que los instrumentos normativos emitidos por esta institución no definen claramente el uso permitido en cada porción de terreno de la Costa Verde.

La Municipalidad Metropolitana de Lima al pretender no tomar partido en esta situación, está abdicando de su labor de gestión del territorio metropolitano, pretendiendo que no es su función la gestión de las áreas de recreación metropolitanas; así mismo su gestión no pareciera tener claramente definida la naturaleza de las funciones de los distintos centros de servicios urbanos dentro de la metrópoli, lo cual definiría una rol y un tratamiento específico para la Costa Verde y su función dentro del territorio de la Metrópoli de Lima; y esto debería estar inscrito dentro de un Propuesta Integral acerca del deber ser de la Lima Metropolitana.

El gran efecto que se genera, es que en este juego de negligencias e intereses los recursos son explotados sin un consensuado criterio de eficiencia. Desperdiciando recursos sin tener claro la principal función de los gobiernos locales: la generación de progresivos estados de bienestar para la población de su circunscripción.

Ante este vacío normativo y de jurisdicciones es probable que (como es usual en nuestro medio) la posición más prepotente, violenta e intransigente sea la que se imponga, como Sociedad de Urbanistas del Perú lamentaríamos mucho que este tipo de “soluciones” siga primando en nuestras ciudades; lo adecuado es que las instituciones que tienen a su cargo la gestión de los recursos y territorio de la metrópoli limeña se encarguen adecuadamente de la gestión de los mismos, es necesario que los diferentes puntos de vista acerca del uso de bienes de acceso público sean considerados dentro de los instrumentos de gestión pública y para ello es necesario que las instituciones que gestionan el desarrollo de nuestra metrópoli asuman positivamente el control, administración e intervención sobre los recursos de los habitantes de la Metrópoli de Lima.

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