Aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2021-VIVIENDA, del 15 de julio de 2021
La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo (PNVU) busca definir las prioridades y estrategias principales que orienten y articulen las acciones, esfuerzos y recursos en los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil en materia de vivienda y urbanismo con un horizonte temporal al 2030. Esta política busca responder a los retos del desarrollo urbano en el Perú, transitando de un modelo de desarrollo urbano basado en la continua expansión y regularización de las ciudades, a una de consolidación y democratización de las ciudades. Todo esto con el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad como ejes principales.
La habitabilidad es el concepto central sobre la base del cual se construye el problema público identificado en la PNVU. La habitabilidad se refiere tanto a las características físicas y espaciales de las viviendas (“habitabilidad interna”) como a las características del barrio y el entorno urbano o rural en donde se sitúan estas (“habitabilidad externa”). En esa línea, el objetivo central de la PNVU es proveer a todos los peruanos de condiciones de habitabilidad dignas y adecuadas.
En relación a la “habitabilidad interna”, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú tiene un déficit cuantitativo de 455 mil hogares y un déficit cualitativo de 1054 mil hogares (INEI, 2020). Esto representa el 4.8% y 11.2% respectivamente del total de hogares en viviendas particulares a nivel nacional (9.4 millones). Asimismo, en las ciudades del Perú se producen alrededor de 128,000 viviendas al año; sin embargo, esta cifra no alcanza para cubrir la demanda de vivienda que va dando anualmente. Según Espinoza y Fort (2020), sería necesario construir 65,000 viviendas adicionales al año para cubrir tanto el déficit cuantitativo acumulado como el déficit cuantitativo que se produce anualmente debido a la creación de nuevos hogares. Este aumento progresivo del déficit habitacional determina la urgente necesidad de intervención del sector público concentrándose especialmente en atender a los sectores socioeconómicos D y E.
De otra parte, en relación con la “habitabilidad externa”, según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), el 52.5% de familias urbanas (de los niveles socioeconómicos C, D y E) no acceden a servicios de infraestructura y equipamiento urbano (INEI, 2019). Entre los aspectos claves que describen la calidad de vida de un barrio, se identifica que 39.49% de la población nacional no dispone de parques u otra forma de espacio público, mientras que el 20% no dispone de pistas asfaltadas y veredas de concreto u otro material para el desplazamiento peatonal. Además, el 50% de las personas declaran que en su barrio no se dispone de equipamiento comunal ni mercados. La experiencia reciente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la elaboración de planes urbanos para la metrópoli nacional Lima-Callao y para la Reconstrucción con Cambios ha mostrado también que los instrumentos de planificación no son lo suficientemente efectivos para responder al problema.
En función a las condiciones descritas, la PNVU identifica como problema público el déficit creciente en la oferta de vivienda y las condiciones inadecuadas de esta, sobre todo, en los sectores de menores recursos económicos del país (habitabilidad interna) y el reducido acceso a servicios de infraestructura y equipamiento urbano, como son: parques, pistas, veredas, etc. (habitabilidad externa).
Si bien desde el Estado se han implementado programas y estrategias para la solución del problema público identificado, la intervención a través de una política pública nacional se torna imprescindible puesto que dicho problema demanda las capacidades de rectoría del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), una articulación de los tres niveles de gobierno y la participación activa de la sociedad civil. Todo ello implica fijar objetivos, establecer lineamientos y proponer servicios concretos para la ciudadanía, lo cual es justamente la finalidad de la política nacional que se resumen en el presente documento.
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