Las ciudades son un motor económico, mejoran los ingresos y condiciones de vida de la población. Las familias buscan en ellas un mejor acceso al trabajo, educación y mejores servicios. Las empresas buscan mejores condiciones de crecimiento. La competitividad tanto de empresas como de trabajadores hace que las economías urbanas crezcan y la economía del país prospere. Así, las familias tendrán más ingresos y los gobiernos de las ciudades promoverán todo este crecimiento mediante servicios urbanos y mejores condiciones de vida para la población.
Sin embargo, a pesar que las ciudades son una oportunidad de trabajo para la población, estas no le ofertan los servicios de educación que les permita mejorar su acceso al mercado laboral, tampoco les brinda una adecuada movilidad urbana que les permita acceder a los servicios que la ciudad le debe ofrecer; la educación, la salud, la recreación, los espacios públicos, los parques, el agua, el desagüe, la energía eléctrica, el aire limpio no tienen un despliegue espacial en la ciudad que cubra a todas las familias. En suma, la realidad es que grandes porciones de nuestras ciudades muestran un enorme déficit de servicios y exposición a peligros naturales donde construimos viviendas que profundizan la vulnerabilidad de las familias.
Históricamente, las políticas públicas y la normatividad en vivienda y urbanismo del Estado peruano no han logrado revertir estos temas e incluso, las políticas de formalización de la propiedad al estar disociada de la planificación urbana, han generado un mercado paraformal que afecta la provisión de servicios y las políticas fiscales de los gobiernos de las ciudades. El financiamiento de los servicios a partir del mismo crecimiento de la economía urbana, de los valores de suelo, la mejora de enormes porciones de la ciudad son temas de vital importancia y deben generar instrumentos de gestión urbana.
La reciente Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, con todo lo perfectible que es, es un inicio importante para mejorar la gestión de nuestras ciudades. La Sociedad de Urbanistas del Perú considera sumamente necesaria su pronta reglamentación, ello nos permitirá optimizar las condiciones regulatorias del desarrollo urbano y generar instrumentos que efectivamente intervengan para mejorar las condiciones de vida de la población, para que accedan a mejores servicios, para que el mercado de vivienda sea más grande, y para que las viviendas sociales tengan un mayor impacto en la demanda de la población que no logra acceder al mercado formal.
Hacemos un llamado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y todos los organismos sociales, gremiales y profesionales a promover la reglamentación de la Ley DUS, pero sobre todo a mejorar las condiciones de gestión y regulación del desarrollo urbano sostenible.
Lima, 24 de febrero de 2022
