La Sociedad de Urbanistas del Perú (SURP) expresa su más profundo dolor y absoluta solidaridad con las familias de la región Junín, particularmente en las provincias de Chupaca y Huancayo, que hoy lloran la irreparable pérdida de cinco compatriotas, atienden a decenas de heridos y enfrentan el desamparo de más de 300 personas damnificadas tras el sismo de magnitud 5.1 registrado a las 21:24 horas del 18 de julio de 2026.
Como profesionales del urbanismo y el ordenamiento territorial, observamos con profunda consternación cómo un movimiento telúrico de magnitud moderada ha sido capaz de fracturar vías urbanas, colapsar edificaciones y, lo más grave, costar vidas humanas. Este lamentable escenario no hace sino ratificar una verdad técnica insoslayable: los desastres no son naturales; son la consecuencia directa de la vulnerabilidad construida por la falta de planificación, la construcción inadecuada, la inacción gubernamental y deficiente control.
La baja profundidad del epicentro (24 km) y la precariedad de las estructuras sobre suelos inestables o sin estudios técnicos previos han transformado un evento sísmico de magnitud moderada en una tragedia humana. La pérdida de vidas y el colapso habitacional eran escenarios previsibles y, por lo tanto, evitables.
LA RESPONSABILIDAD IRRENUNCIABLE DE ALCALDES Y GOBERNANTES
De acuerdo con el marco legal peruano, la Ley General del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley N° 31313), los alcaldes distritales, provinciales y los gobernadores regionales son las máximas autoridades y responsables directos de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el ámbito de sus respectivas competencias. El crecimiento desordenado de nuestras ciudades, la ocupación informal de suelo no apto y la persistencia de la autoconstrucción sin asistencia técnica no son fatalidades del destino, sino el resultado de omisiones políticas sistemáticas.
Hacemos un llamado firme y urgente a los alcaldes de todo el país a asumir su rol con la máxima rigurosidad técnica y ética. No se puede seguir postergando la elaboración e implementación real de los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) y los Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT) incluyendo efectivamente el enfoque de gestión del riesgo de desastres. Instrumentos fundamentales como las Evaluaciones de Riesgo (EVAR) no pueden ser vistos como meros trámites burocráticos, sino como las herramientas científicas obligatorias para delimitar las zonas intangibles y de muy alto riesgo no mitigable, protegiendo así la vida de los ciudadanos.
UN ENFOQUE URBANÍSTICO INTEGRAL PARA LA RESILIENCIA
Desde el enfoque del urbanismo social, la gestión del riesgo de desastres en los procesos de planificación y gestión urbana no se limita a la respuesta ante la emergencia; implica rediseñar la estructura misma de nuestras ciudades. Invocamos a los tres niveles de gobierno articular acciones inmediatas bajo las siguientes directrices técnicas:
- Fiscalización y control urbano estricto: Es imperativo frenar la habilitación urbana y la edificación en suelos inestables, laderas vulnerables y áreas de fallas geológicas locales. Las municipalidades deben ejercer su principio de autoridad sin miramientos políticos.
- Programas de reforzamiento y vivienda segura: El colapso de estructuras de material de baja resistencia en el centro del país evidencia la urgencia de implementar programas nacionales de asistencia técnica arquitectónica e ingeniería para la autoconstrucción, así como la renovación urbana en cascos históricos vulnerables.
- Inversión en infraestructura urbana resiliente: El colapso y agrietamiento de la infraestructura vial paraliza la respuesta de emergencia e incrementa el aislamiento. Las vías y espacios públicos deben ser planificados como redes de evacuación y soporte logístico ante desastres.
- Evaluación técnica y reconstrucción segura: Las acciones inmediatas y posteriores de rehabilitación, reconstrucción o reasentamiento poblacional no deben bajo ninguna circunstancia reproducir las condiciones de riesgo preexistentes. Todo proceso de reconstrucción o reubicación debe sustentarse rigurosamente en evaluaciones técnicas de riesgo de desastres, garantizando el acceso a servicios básicos, la conectividad vial, la accesibilidad urbana y una adecuada planificación territorial que asegure la dignidad y resiliencia de la población afectada.
Como gremio técnico y profesional, la Sociedad de Urbanistas del Perú reitera su compromiso con el desarrollo sostenible del país y enfatiza la necesidad de incorporar la visión urbanística especializada en las mesas de trabajo técnico, procesos de reconstrucción y reformas de las políticas de suelo a nivel nacional.
La omisión en la prevención urbana también es una forma de violencia contra los ciudadanos más vulnerables. Salvar vidas en el futuro depende de las decisiones de ordenamiento territorial que los gobernantes tomen u omitan el día de hoy.